Tribunal dicta orden de conducencia contra ministro de Educación, Carlos Amarante Baret y otros funcionarios de la cartera.
POR NO COMPARECER AL JUICIO DE FONDO SEGUIDO A UNA MUJER ACUSADA DE ESTAFAR A ESE MINISTERIO CON 47 MILLONES DE PESOS
Santo Domingo. El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó una orden de conducencia en contra del ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, por no comparecer al juicio de fondo seguido a una mujer acusada de estafar a ese ministerio con 47 millones de pesos, con la compra de unos terrenos para la construcción de dos centros escolares.
Los jueces, Pilar Rufino Díaz, Daira Medina y Delio Germán, ordenaron además la conducencia de la consultora jurídica del Ministerio de Educación, Terecita Bencosme; Franchesca de los Santos, Martín Rodríguez García, Omar Francisco Fernández y la perito Iris Montero.
La orden de conducencia se produce luego de que estos testigos fueran citados mediante acto de alguacil y no comparecieron al tribunal.
En ese sentido, la abogada de la imputada, Reina Margarita Núñez Infante, Ingrid Hidalgo, pidió al tribunal dictar la conducencia de esos testigos ya que fueron citados regularmente.
Tan pronto los testigos sean conducidos al tribunal, la secretaria hace constar que comparecieron y se procede a dejar sin efecto la orden de conducencia.
La querella fue presentada por el Ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, a través de los abogados Manuel Fermín Cabral, Guillermo Sterling y Pedro Balbuena, por la estafa que cometió en su contra en la compra de un inmueble por valor de 47 millones 452 mil 500 pesos por parte de la mujer y su esposo, quien posteriormente falleció.
En la misma se alega el presidente Danilo Medina emitió el decreto 354-13, mediante el cual declara de utilidad pública e interés social los terrenos que vendió a imputada al Ministerio de Educación para la construcción de una escuela.
Se recuerda que el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Luis Borges Cabrera, impuso un año de prisión preventiva en contra de la imputada, la cual se está cumpliendo en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres, en San Cristóbal.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, durante el proceso investigativo de este caso, se ha logrado recuperar el 40% de los activos adquiridos por la imputada, que habían sido invertidos en materia inmobiliaria y guardados en cuentas bancarias, las cuales fueron inmovilizadas.
