Por Cándido Mercedes
La inobservancia de todos estos derechos, constituyen elementos desencadenantes de la exclusión social y con ello, de la delincuencia y la violencia. Todo ello en el plano institucional –constitucional.
La Exclusión Social desborda la pobreza y la desigualdad; empero, las contiene. Indica, en gran medida, carencia y separación. Mientras la pobreza queda etiquetada en la falencia económica como reflejo de la estructura de ingreso de la sociedad, la exclusión social es un fenómeno multifactorial y multidimensional que expresa lo económico, lo social, lo político, lo cultural y lo institucional.
Para Anthony Giddens la exclusión social “alude a como los individuos pueden verse apartados de una completa participación en el conjunto de la sociedad”. Existen varias dimensiones en la exclusión social: mercado de trabajo, los servicios, las relaciones sociales y la pobreza o exclusión de una renta. John J Macionis y Ken Plummer en su libro Sociología, nos dicen que el concepto de exclusión social “suele usarse para indicar la falta de acceso a instituciones básicas de la sociedad”.
Dimensiones de la exclusión social según estos autores:
Dimensión: Indicador:
Consumo Bajo ingresos.
Producción No ocupados en actividades valoradas (Trabajo, cuidado a los demás)
Actividad Política No vota y no forma parte de ninguna Organización.
Interacción Social Carece de apoyo moral.
Cartografiar los indicadores de la exclusión social nos lleva a comprender qué implica la pobreza, pero la trasciende porque toma espacio la actitud personal, esto es, la subjetividad del sujeto y los parámetros objetivos de la sociedad. Vale decir, hay una exclusión como atributo de las personas y la exclusión mayoritaria, como propiedad de las sociedades. Esto quiere acotar que lo amplio o no de la exclusión social es una muestra fehaciente del grado de validez y vitalidad de una democracia.
La exclusión social tiene como eje principal: falta de empleo, salarios bajos, falta de viviendas y viviendas de mala calidad, nivel y falta de educación-formación; salud precaria, disfunción familiar; familias rotas, disgregación familiar; precarización de los servicios básicos (agua, electricidad, transporte, sistema sanitario, tratamiento de aguas negras, basura), hacinamiento, acceso a la justicia y desigualdad. De ahí es que mientras la exclusión social es un proceso, la pobreza es un resultado.
La exclusión social, desde la óptica estructural, conlleva y coadyuva al debilitamiento de la sociedad ya que significa una fractura en el tejido social, lo cual deriva en una falta de integración social que impide la necesaria cohesión social. La exclusión social es entendida “como la ausencia para unos, del conjunto de oportunidades vitales que otros si tienen, como la imposibilidad o dificultad muy intensa de acceder a los mecanismos de desarrollo personal e inserción sociocomunitaria y, a los sistemas de protección”. La exclusión social equivale a la desafiliación, es decir, a un desligamiento social de gran profundidad, que, de facto, produce la pérdida de la ciudadanía social, definida como conjunto de derechos de carácter político, social, y laboral en el individuo y en el grupo que sufre tal proceso.
634,242 jóvenes desafiliados institucionalmente, esto es, que ni estudian ni trabajan
20% de las mujeres embarazadas son niñas y adolescentes. El 97% son pobres y alrededor de un 90% no termina la primaria. Esto reproduce y recrudece la pobreza estructural.
El desempleo ampliado es de 14.3%; sin embargo, en los jóvenes es de 30%.
El 56% de los empleos de la economía es Informal. Una economía subterránea con un nivel de precarización dantesco.
El salario mínimo promedio es de RD$7,500.00 pesos. Entre la Micro-Pequeña y Mediana Empresa generan el 80% de los empleos en nuestra formación social. Es pertinente destacar que aquí existen 24 categorías de salarios mínimos.
El Gobierno en el 2016 paga salario mínimo de RD$5,117.00 pesos, esto es, equivalente a US$111.00 dólares al mes. En esa franja se encuentra el 22.6% de los empleados de la Administración Pública.
Tenemos la inversión en salud más baja de los 34 países de la Región, tanto desde el orden con relación al PIB (1.8%) como con relación al presupuesto. La Mortalidad Materna e Infantil son de las más altas de todo el continente.
Solo un 20% de los que trabajan ganan por encima de los RD$25,000.00 pesos según la Tesorería de la Seguridad Social. Según la última Encuesta Económica-Financiera del Banco Central el 79.2% gana menos de RD$19,449.00 pesos. El costo promedio nacional de la canasta está en RD$28,292.92. Es necesario destacar que el Banco Central realiza el Estudio e Índice de Precio al Consumidor en base a 305 productos y servicios. Si lo hiciera en base a los 30-40 productos y servicios más utilizados, que más se consumen, el IPC estaría por el 30%.
De 112,000 personas que están pensionadas/jubiladas, el 80% se encuentra en el rango de RD$5,117.00 pesos. Por eso es que ustedes ven que los médicos aun con 50 años de servicios no quieren irse, pues los jubilan con el sueldo base y no le suman los incentivos. En cambio, un Juez de la Suprema, por un solo día y sin importar la edad, se puede ir para su casa con RD$350,000.00 de por vida. Lo mismo sucede con los miembros del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Los Titulares de la Junta se van con el 75, 80 y 90 % de sus sueldos de acuerdos a los periodos (4, 8, 12 años de servicios).
Un guardia gana RD$6,118.00 pesos. Un Policía RD$7,000.00 pesos. No voy a decir los sueldos de los Coroneles y Generales para no desgarrar su status y simbología social.
El grave problema en los últimos tiempos que impulsa la violencia y la delincuencia es la desinstitucionalización, el no cumplimiento de las leyes por parte de los que dirigen, lo que “motiva” a los sectores más excluidos socialmente. Esa relajación, esa falta de modelo ético referencial desde arriba que se bosqueja en el delito de cuello blanco y en la delincuencia política, sirven de palanca potencializadora a los sectores más marginados socialmente. Incluso de los Derechos, Garantías y Derechos fundamentales que van desde el Artículo 37 al 66 de la Constitución. Son pocos lo que se cumplen. Se encuentran la Sección de los Derechos civiles y políticos; los Derechos económicos y sociales; los Derechos Culturales y Deportivos y los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente. La inobservancia de todos estos derechos, constituyen elementos desencadenantes de la exclusión social y con ello, de la delincuencia y la violencia. Todo ello en el plano institucional –constitucional.
Esa enormidad de exclusión social institucional está derivando en la anomia, en lo que Emilio Durkheim definió “como un estado de anormalidad o desarraigo resultante de la incompatibilidad entre las expectativas culturales y las realidades sociales”. Ese auge de la delincuencia, de la violencia, es fruto del aumento de lo que Robert Merton dijo “los individuos aprenden a identificar las metas culturalmente significativas y a la vez, los medios culturalmente aceptados para la obtención de esas metas”. La exclusión social y las expectativas de consumo han llevado a miles de ellos a rechazar los medios culturalmente aceptados para su obtención porque no tienen oportunidades, ora por su educación-formación u ora porque el mercado de trabajo no fluye y los mecanismos institucionales no funcionan.
Todo ello, por la falta de empleos, bajos salarios, poca salud, baja integración social y un tejido social desintitucionalizado y una ausencia de autoridad moral en las elites que alinee un camino de esperanza. Por eso tenemos la Tasa de Victimización más alta de la Región (38%). Estos datos son de la Encuesta Gallup/Hoy y Barómetro de Las Américas, dado que aquí no existe el Índice de Victimización Oficial, puestos que las personas asaltadas, atracadas, que le roban, no van a los órganos coercitivos del Estado. Como nos dice John Bailey en Crimen e Impunidad “El homicidio es un indicador clave, pero resulta menos amenazador para el ciudadano promedio que el robo a mano armada, el asalto callejero, el robo de casa habitación, el robo de automóviles, la extorsión, el secuestro…”. Por eso estamos en el lugar 99 en el Índice Global de Paz 2016.
La sociedad requiere de un Pacto Social que dibuje la confianza y un mejor y mayor Capital Social, de lo contrario podremos tener 100,000 policías y la violencia y la delincuencia seguirán creciendo. La exclusión social, en todas sus dimensiones, los engendran y los hacen parir.
